Después de investigaciones a fondo en conjunto con personal anónimo, sacaremos a la luz archivos confidenciales sobre la administración del SAE. Muchos desempleados de la localidad acuden a las oficinas del servicio andaluz de empleo para inscribirse en ofertas de trabajo o solicitar algún empleo dadas las circunstancias del solicitante.
Los ciudadanos en su mayoría salen de dichas oficinas con la esperanza de encontrar trabajo por los suelos y además con el mal cuerpo debido al trato de algunos de los empleados del SAE con sus aires de superioridad. También es de destacar que los enchufes siguen a la orden del día, por eso se hace referencia en el titular del ciudadano eléctrico, ya que muchos de los trabajos que ya poseen varias personas que no todas cumplen el perfil deseado son entregados por enchufe. También existen otros organismos públicos en nuestra localidad donde sus trabajadores son elegidos al dedo, y que próximamente se darán los nombres y apellidos de aquellas personas que no cumplen los requisitos mínimos para ocupar el puesto que abarca.
Lo que sigue si que es una auténtica ofensa a los andaluces/as, especialmente a los desempleados que carecen de medios económicos para subsistir, y no lo que opine la Presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre las visitas en plan limosnero de Zapatero a Andalucía.
El fiscal pide 2 años de cárcel para la ex titular de Formación por «enchufismo».
Los intentos de la ex concejal de Turismo lucentina y ex directora general de Formación para el Empleo de la Junta, María José Lara, para que se archive la causa por un presunto caso de «enchufismo» en el que está implicada han caído en saco roto.
La Fiscalía ha hecho público su escrito de acusación provisional, en el que solicita dos años de cárcel para la ex edil como responsable un delito de violación de secretos por revelar, presuntamente, las respuestas de un examen tipo test a una opositora.
También está acusada E. G. M., la supuesta «enchufada», que se enfrenta a una pena mayor: tres años y medio de prisión.
La Fiscalía ha hecho público su escrito de acusación provisional, en el que solicita dos años de cárcel para la ex edil como responsable un delito de violación de secretos por revelar, presuntamente, las respuestas de un examen tipo test a una opositora.
También está acusada E. G. M., la supuesta «enchufada», que se enfrenta a una pena mayor: tres años y medio de prisión.
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